Para efectos de su procedencia, el catálogo previsto en el artículo 129 de la Ley de Amparo no debe entenderse como límite automático, sino que, caso por caso, las personas juzgadoras deben realizar una ponderación entre la no afectación del interés social y el orden público con los potenciales perjuicios que pueda resentir la persona quejosa.

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